martes, 5 de noviembre de 2013

El gobierno Valenciano cierra Canal 9

Asi han anunciado los trabajadores de Canal 9 el cierre de la Televisión autonómica:


El Gobierno valenciano, que preside Alberto Fabra, ha decidido cerrar la Ràdio Televisió Valenciana (RTVV) tras el fallo del Tribunal Superior de Justicia que declara nulo el expediente de regulación de empleo en el ente público. Los gastos derivados de la readmisión del millar de despedidos superan los 40 millones de euros, una cantidad que la Generalitat considera que no puede asumir por la delicada situación financiera.En un comunicado emitido esta tarde, el Consell afirma que tras la decisión judicial solo queda una vía: "Lamentablemente, proceder a la supresión del servicio público de la radio y la televisión de ámbito autonómico".



La decisión se conoce horas después de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV) haya hecho pública la sentencia que declara nulo el expediente de regulación de empleo (ERE) ejecutado en Ràdio Televió Valenciana (RTVV), por el que fueron despedidos un millar de trabajadores.La Generalitat Valenciana manifiesta en el comunicado que abordó el ERE anulado "dentro de la reestructuración del sector público empresarial cuya finalidad era lograr una Administración más ligera y sostenible". "En el caso concreto de RTVV, la deuda acumulada y asumida por la Generalitat, superaba los 1.000 millones de euros. Una cifra que dejaba en evidencia que RTVV era claramente deficitaria e insostenible con la dimensión que tenía en ese momento", asegura.Ante esta situación, el Gobierno valenciano destaca que abordó el ERE y promovió una nueva ley de RTVV que ha comenzado ya a privatizar el grueso de la programación, excluidos los informativos.

El Consell limita su responsabilidad a estas dos decisiones y atribuye la ejecución del ERE "en exclusiva a la dirección de la empresa pública", que ahora dirige Rosa Vidal.Ante la contundencia del fallo judicial, que anula el ERE por vulneración de derechos fundamentales, entre otros argumentos, el Consell alega que solo queda la vía del cierre de RTVV.

 "La readmisión de más de mil empleados hace su continuidad inviable, pues solo el coste de los gastos de personal de una plantilla de 1.700 trabajadores supondría aproximadamente 72 millones de euros; una cantidad a la que habría que sumar el gasto de funcionamiento y mantenimiento de RTVV, un coste que la Generalitat no puede asumir en estos momentos".

La Generalitat, que no asume más intervención que la de plantear el ERE y crear una nueva RTVV, alega finalmente que su "obligación" es dar prioridad a "los servicios básicos y garantizar, ante todo, una sanidad, una educación y unos servicios sociales de calidad".El fallo de la sentencia dice que estima las demandas presentadas presentadas por CC OO, Intersindical, UGT y CGT: "(...) En consecuencia declaramos la nulidad de la decisión adoptada en fecha 21 y 22 de agosto de 2012 en relación a la medida de extinción de los contratos de trabajo de empleados de su plantilla con derecho a la reincorporación de los trabajadores afectados en sus correspondientes puestos de trabajo, condenando a la parte demandada a estar y pasar por la presente declaración".En la argumentación de la sentencia, que es recurrible ante el Supremo, se alude a la vulneración de la normativa de los expedientes de regulación de empleo, así como de los derechos fundamentales, recogidos en la Constitución.El fallo ha supuesto un tremendo varapalo para la Generalitat y se produce justo cuando RTVV ha iniciado el proceso de privatización del grueso de su programación (a excepción de los informativos). Con una deuda financiera acumulada de 1.200 millones, el vicepresidente de la Generalitat, José Ciscar, ha reiterado durante la ejecución del ERE y la demanda contra el mismo que una sentencia de nulidad podría suponer el cierre de RTVV.

El Gobierno valenciano ha tomado ya una decisión en ese sentido el mismo día del fallo.Inicialmente, los despidos debían afectar a 1.198 trabajadores para que la plantilla se quedase con 480 empleados. Finalmente, se fueron a la calle mil personas, porque la nueva directora general, Rosa Vidal, rescató el pasado verano a 186 técnicos para que la televisión pudiera continuar emitiendo, sin quedarse en negro. La plantilla actual es de 676 trabajadores (40 con contratos parciales). La readmisión de los despedidos la volverá a situar en torno a los 1.700.

La Generalitat deberá desembolsar los salarios de tramitación, en el caso de que no se presente recurso de casación.  “En el caso que enjuiciamos", dice la sentencia, "falló y se omitió información relevante al desconocerse y no aportarse, al inicio del período de consultas, no sólo la lista de afectados sino los propios criterios de selección posteriormente aprobados”, dice el fallo. “Tampoco se hizo referencia alguna en las comunicaciones remitidas antes del mes de junio de 2013 a los trabajadores afectados de la concreta baremación llevada a cabo, según los criterios de designación aplicados”, continúa.“Al final, la propuesta inicial del Consejo de Administración se convirtió en definitiva, y el ajuste se proyectó sobre un total de 1.198 contratos de trabajo con una propuesta de plantilla de 480 empleados distribuidos en los términos que aparecen en el hecho probado octavo de la presente sentencia.

Dicha implantación extintiva ha resultado en definitiva ser inadecuada a la vista de los acontecimientos posteriores y que extensamente ya relatamos, viniendo a ratificar y a apoyar que los términos del despido colectivo estaban acotados de antemano, y que no había margen alguno para aceptar ni asumir otros remedios menos traumáticos o de inferior coste social que no fueran el despido de más del 70 % de la plantilla”, agrega la sentencia.Durante el juicio celebrado en octubre, además de cuatro sindicatos, la propia fiscalía pidió la nulidad del ERE al considerar que se habían vulnerado los derechos fundamentales de los trabajadores.

 Y se pronunció contundentemente al término del juicio al afirmar que hubo “irregularidades” en el procedimiento y un trato “discriminatorio” con los trabajadores despedidos.El fiscal apreció una de las cuestiones clave que los sindicatos habían puesto sobre la mesa para lograr la impugnación del ERE: las diferencias entre la lista de afectados (despedidos) del ERE, elaborada por una comisión evaluadora, y las modificaciones que luego introdujeron por diferentes motivos los tres últimos directores generales, José López Jaraba y Alejandro Reig, por una parte, y Rosa Vidal, por otra.El fiscal resumió en una suerte de trabalenguas lo observado en dos días de juicio: “Hubo una alteración de la lista de afectados y afectaciones de no afectados y desafectación de no afectados”, y todo ello “con criterios subjetivos”, aunque la empresa habla de criterios “de oportunidad y operativos”. En definitiva, de este enredo fonético y semántico, “se desprende discriminación de los trabajadores que figuraban en la lista inicial” y “trato discriminatorio”, apostilló.

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